lunes, 17 de agosto de 2009

Preparan más acciones legales para hacer uso del derecho a la defensa (El Nacional)

Cierre de emisoras de radio dejó 1.400 desempleados La Radio es Mía realiza gira por el país. Aseguran que las denuncias provocarán respuesta internacional

La defensa de las radios sancionadas se realizará en diversos frentes: en los tribunales, ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y en la calle, en una gira nacional.
Debido a la particularidad de cada caso, en cuanto a los argumentos utilizados por el Gobierno para ejecutar el cierre -fallecimiento del titular de la concesión, vencimiento de ésta o falta de renovación del permiso- los representantes de las 35 emisoras cerradas por el Gobierno ejercerán acciones legales individuales para exigir la restitución de la señal.
Alejandro Fuenmayor, abogado y ex presidente de la Cámara de la Radiodifusión, explicó que existen dos opciones jurídicas para anular la decisión de Conatel: en primer lugar, pueden solicitar la reconsideración de la medida administrativa ante el ministro Diosdado Cabello. Las emisoras tienen plazo hasta el 21 de agosto para introducir los documentos legales -certificado de la concesión y reserva de la frecuencia- que demuestran que sí operaban legalmente.
Conatel tiene la discrecionalidad de tomar una decisión -en un lapso no mayor a 90 días- con base en criterios legales, pero también de equidad y oportunidad. La emisora sancionada puede exigir que mientras dure el proceso la transmisión de la frecuencia se restituya.

En segundo lugar, las emisoras podrán introducir -en un plazo no mayor a 6 meses- un recurso de nulidad en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque existe también la opción de solicitar la suspensión inmediata de la medida de cierre, Fuenmayor recordó que los tribunales están de vacaciones judiciales, por lo cual deberán alegar la urgencia del caso.

De ser rechazada la acción por la Sala Político Administrativa, las emisoras que aleguen inconstitucionalidad podrán pedir reconsideración en la Sala Constitucional. En caso de ser negada nuevamente, quedan las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Hasta el momento, sólo el circuito CNB, al que le quitaron cinco concesiones, ha emprendido acciones legales, al interponer, el pasado jueves, un recurso en el TSJ con el alegato de inconstitucionalidad e incumplimiento del debido proceso.

La Cámara de la RadiodifuInformó que cuentan con la asesoría de un grupo de abogados y que en los próximos días emprenderán una gira nacional para explicar a la ciudadanía las consecuencias que la medida tiene para el sistema democrático. El primer punto será Maracaibo, el próximo miércoles.

"Aunque el Estado cerró 35 emisoras, la presión que hemos hecho ha impedido la clausura de más espacios de denuncia e información".
Explicó que la fundación establece contacto actualmente con todos los trabajadores involucrados con el cierre, para que se organicen por estados y planificar acciones.
sión calculó que con el cierre de las 35 emisoras 1.400 personas quedaron desempleadas, cifra importante si se piensa que el hecho afecta igualmente a 1.400 familias. De concretarse la amenaza gubernamental de proceder con el cierre de otras 205 de emisoras, el número de personas que se quedarían sin puestos de trabajo se elevaría a 9.000.
Acciones. Nelson Belfort, presidente de la Cámara de la Radiodifusión, informó que pese a las diferencias entre los recursos legales que presentarán las emisoras, las acciones legales han sido discutidas y consensuadas. Aseguró que la Cámara ha prestado asesoramiento a todos los afectados.

Negó que existan en el tema legal diferencias entre los afiliados y subrayó que sólo definen las estrategias que emplearán contra lo que consideran una arremetida gubernamental contra los medios independientes.

Agregó que la mora que tiene Conatel en la aprobación de las solicitudes de los radiodifusores es la razón por la que algunas estaciones no poseen todos los permisos al día. El Gobierno, dijo, tiene una intención política detrás de los cierres que a su juicio es callar las denuncias. "Este es un nuevo pase de factura a los medios que se colocan del lado del ciudadano. Al Ejecutivo no le conviene que se siga denunciando la corrupción ni el resto de problemas que afecta a los venezolanos".

En la calle. A 12 días de la medida que silenció a 35 emisoras, el vocero de la fundación La Radio es Mía, Juan José Bartolomeo, señaló que la respuesta de las estaciones ha sido rápida, y consideró que el número de recursos que interpondrán ante el TSJ tendrá impacto internacional. Admitió que la medida los tomó por sorpresa, exactamente cuando preparaban la campaña para defender la transmisión de las señales.

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