Washington, 24 feb (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que el Gobierno de Venezuela "atenta" contra la democracia y los derechos humanos, pues existen "serias restricciones" al pleno goce de esas garantías en el país andino.
En su informe sobre la situación de los humanos en Venezuela, publicado hoy, la CIDH afirma que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la hostilidad hacia los disidentes, la violencia y la impunidad "limitan seriamente la vigencia" de los derechos en ese país.
"En Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación", recalca la Comisión en su esperado documento, que tiene 322 páginas.
En "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", el primer informe que la CIDH dedica íntegramente a este país desde 2003, el organismo dice además que el Gobierno de Hugo Chávez ha adoptado una actitud de "rechazo" hacia las recomendaciones de organizaciones internacionales con el argumento de van contra la soberanía nacional.
La CIDH, que ha tenido que elaborar el análisis sin haber podido visitar Venezuela, ante la negativa del Gobierno a autorizarla, considera que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para proteger mejor y de manera más efectiva los derechos humanos.
El informe podría servir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para plantearse por primera vez iniciar seriamente un debate en torno a sus denuncias y estudiar qué consecuencias tienen en virtud de lo estipulado en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión afirma que en Venezuela no existe una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, no se garantiza a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno y se utiliza el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en razón de su opinión política.
También indica que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor y hay un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta particularmente a los comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, manifestantes, presos, campesinos, pueblos indígenas y a las mujeres.
La CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se haya restringido los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del Gobierno venezolano.
La Comisión subraya que en general los ciudadanos y organizaciones que expresan su disenso son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral e incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad.
La CIDH observa con "preocupación" que en los últimos años se hayan adoptado importantes reformas al marco jurídico que tienden a cerrar y no a promover el debate público.
Denuncia los "numerosos actos de violencia e intimidación" de grupos de choque contra periodistas y medios de comunicación, las descalificaciones vertidas por funcionarios de alto rango, y la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales vagas que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y sanciones desproporcionadas.
La CIDH considera "alarmante" el número de veces que se han denunciado o comprobado ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes estatales.
La represalia contra el disenso, los ataques contra los defensores y los periodistas, la represión de la protesta pacífica, los abusos de la fuerza estatal, el crimen común y organizado, la violencia ejercida en las cárceles y contra la mujer, y otras graves violaciones de derechos humanos suelen quedar impunes, asegura.
La CIDH considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial "constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana" y ha permitido que se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes, agrega.
© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
La Responsabilidad Social Empresarial implica, en sí misma, promover el diálogo y el consenso entre los diversos stakeholders o grupos de interés que hacen vida con una determinada empresa. Por estos grupos de interés entendemos aquellos colectivos que pueden influir o verse afectados por una organización y/o sus actividades, sus públicos internos como trabajadores y accionistas y públicos externos, como proveedores, consumidores y/o clientes, autoridades, medio ambiente y la sociedad donde opera.
