Siete Días
La calle pidió cuentasLos últimos 12 meses quedarán registrados como unos de los más conflictivos de la década.
La ciudadanía se volcó a la protesta y obligó al Presidente a ofrecer disculpas y a desplegar un arsenal de recursos para mantener su popularidad
| DAVID GONZÁLEZ dgonzalez@el-nacional.com | |
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Ya no solo fue la protesta política de quienes adversan el proyecto bolivariano encabezado por Chávez. La gente manifestó por su cotidianidad: los trabajadores salieron a reclamar las convenciones colectivas y los pagos retrasados; los usuarios de servicios a pedir mejoras del suministro del agua y la electricidad; las víctimas a exigir mayor seguridad; los pacientes a demandar salud y los sin techo a pedir viviendas. El cese de la bonanza petrolera desnudó una verdad: problemas básicos siguen sin solución tras una década de gobierno. La suma se tradujo en un resultado: hubo 2.822 manifestaciones entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, un récord en la década de acuerdo con Provea, organización de derechos humanos. El repunte lo atribuyen básicamente a una razón: las fallas institucionales para atender las demandas.
La evidencia obligó al propio Chávez a reconocer culpas y a prescribir regaños a su equipo por las ineficiencias. Improvisó soluciones sobre la marcha, preocupado por el deterioro de su popularidad. Esto no le impidió en el Aló, Presidente del 20 de diciembre pedirle a sus partidarios fidelidad política incondicional y tiempo para resolver los asuntos pendientes.
Llegó a calificar de mercenario a quienes no están dispuestos a votar por la revolución si no les resuelven los problemas.
La propuesta de la enmienda constitucional potenció al movimiento estudiantil, a pesar de la represión policial y de la petición presidencial de "gas del bueno" para dispersar sus actividades de calle. Pero Chávez no tardó en pisar el acelerador para profundizar el proceso, con apoyo de la Asamblea Nacional. La centralización de atribuciones que estaban en manos de gobernadores y alcaldes y la aprobación de la Ley de Educación fueron dos ejemplos. En ambos casos, la calle fue otra vez el escenario donde se ventilaron las reclamaciones y donde se ejerció la política. Cientos de manifestantes fueron llevados a tribunales.
Las organizaciones de derechos humanos denunciaron la "criminalización de la protesta" como forma de intimidación, aunque las cabezas de los Poderes Públicos insistieron en que procesaron a personas que cometieron delitos.
El ataque a los medios recrudeció con el cierre de 35 emisoras de radio.
La dirigencia opositora sufrió la andanada de la justicia.
El asilo político se convirtió en un recurso para los personajes más visibles como el ex candidato presidencial y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien decidió marcharse a Perú antes de enfrentar las denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito que siguieron a las exigencias de Chávez llevarlo a presidio.
La denuncia de una posible agresión externa de Colombia y Estados Unidos contra Venezuela fue utilizada en varias oportunidades por el mandatario, que logró que ese mensaje calara entre las filas oficialistas, pero no distrajo demasiado a aquellos molestos por su cotidianidad. A lo externo, sin embargo, la crisis diplomática se mantiene con un agravante: ninguno de los actores cedió un milímetro en un juego de amenazas y disuasiones que inquietan a la región.
La última amenaza para la figura presidencial fue el escándalo de corrupción en el mundo financiero, que reveló una trama de complicidades muy cercana al mandatario. El jefe del Estado se empeñó en mostrarse como el primer interesado en buscar la justicia, para conjurar la posibilidad de que le pidieran cuentas en la calle por ello y que la figura presidencial resultara afectada. Nada de lo que ocurrió en 2009 puede entenderse si no se toma en cuenta lo que pasará el año próximo: las elecciones por la Asamblea Nacional serán un juego de vida o muerte para gobierno y oposición.
