Buenos Aires, 4 feb (EFE).- La aplicación de la nueva Ley de Medios Audiovisuales de Argentina quedó suspendida temporalmente después de que una jueza notificara al Gobierno y al Parlamento que había aceptado una acción de amparo contra la polémica norma presentada por un diputado.
El legislador Enrique Thomas, quien promovió la medida cautelar, indicó hoy que la norma no está vigente porque la jueza federal Olga Pura de Arrabal, de la provincia de Mendoza (oeste), cumplió con el paso procesal de notificar su decisión al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados.
"La jueza advirtió irregularidades en las convocatorias a las sesiones de las comisiones parlamentarias que discutieron la ley. Se hicieron con escasas horas de anticipación, lo que impidió que muchos diputados del interior no pudieran asistir al debate", precisó en declaraciones al sitio web del diario La Nación.
"Esto demuestra que al Parlamento hay que respetarlo", indicó el diputado, miembro del llamado peronismo disidente, y aclaró que la jueza adoptó la resolución el 21 de diciembre pero no pudo completar los pasos procesales debido al receso judicial, que concluyó a finales de enero.
La medida cautelar de esta magistrada mendocina fue el tercer traspiés judicial que sufrió la Ley de Medios Audiovisuales después de que fuera aprobada por el Parlamento el 10 de octubre último, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses.
Se estima que el Gobierno apelará en breve la decisión de Pura de Arrabal.
El Ejecutivo, que impulsó la iniciativa, interpreta que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, mientras algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideran que dará al Gobierno "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto, entre otros puntos, establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión -catorce menos que el límite actual- y que tampoco puede ser titular de un canal de televisión de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual presidenta, Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
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